Los usuarios compraron
los diplomas ilegales en una academia de Málaga
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El registro en 2008 de una academia de estudios en Málaga, cuyo propietario
confeccionaba títulos académicos oficiales falsos, ha desembocado en una de las
investigaciones más extensas de la historia del Cuerpo Nacional de Policía: la Operación
Eladio. Las pesquisas, que siguen abiertas, han permitido desde septiembre
pasado detener a 310 personas que supuestamente se sirvieron de diplomas
falsificados para su promoción laboral, tanto en el ámbito público como en el
privado.
La investigación afecta hasta el momento a unas 500 personas, según fuentes
cercanas al caso, y se han descubierto algunos casos que se han apoyado en los
diplomas fraudulentos para entrar, a través de oposiciones, en diversas
administraciones. Entre los usuarios de las acreditaciones ilegales se cuentan
policías locales y nacionales, guardias civiles, trabajadores del Servicio
Andaluz de Salud o empleados municipales.
Los títulos de imitación abarcaban todos los niveles educativos y todas las
ramas del saber. Sus usuarios van desde aspirantes a trabajar en el sector de
la seguridad privada, donde se requiere el Bachillerato, hasta estudiantes de
último curso de Medicina con dificultades para aprobar alguna asignatura y que
optaron por el atajo ilegal. Los investigadores también se han encontrado casos
de empresarios que adquirían falsos títulos por pura vanidad, como forma de
"adornar su currículo". Sin embargo, la inmensa mayoría de los
títulos ilegales eran de graduado escolar y de Bachillerato, los que tienen más
salida para oposiciones.
El dueño de la academia, que era el que falsificaba personalmente los
diplomas, cobraba entre 500 y 1.500 euros, generalmente en función de la
entidad del título. Sin embargo, según fuentes policiales, a veces actuaba de
manera altruista y regalaba títulos a amigos y conocidos que le caían bien o
que le habían prestado algún servicio.
Las falsificaciones eran "bastante buenas", según fuentes
policiales. El grupo II de Fraudes de la Comisaría Provincial ha debido contar
con la ayuda de la Policía Científica para determinar en algunos casos la
falsedad de los títulos. El principal imputado, de unos 60 años, y que se
encuentra en libertad provisional, cuidaba todos los detalles: desde los sellos
y compulsas oficiales, hasta tener cuidado de no confundir al ministro o
ministra de Educación en el momento de expedir el título.
Se cree que el principal acusado ha actuado durante seis a ocho años.
"Normalmente, al principio este tipo de delincuentes toma precauciones,
pero luego cuando creen que no pasa nada, tienden a relajarse, y es cuando se
les detiene", afirma un mando de la comisaría de Málaga. Con el paso del
tiempo, el dueño de la academia llegó a contar con una red de intermediarios
que, a cambio de unos 200 euros, le enviaban posibles interesados en disponer
de una de sus acreditaciones académicas falsificadas.
Una de las dificultades de la policía en esta investigación está en
dilucidar si los usuarios de los diplomas acudieron a la academia a sabiendas
de que iban a obtener un título falso o si actuaron de buena fe. "La
inmensa mayoría es consciente de que el diploma era falso, pero hay casos, por
ejemplo, de padres cuyos hijos no sirven para estudiar y que los apuntaban
creyendo que simplemente en la academia iba a ser más fácil sacarse el graduado
o el Bachillerato. También hay casos de gente que ha descubierto que su diploma
no es válido y se ha matriculado de nuevo para sacar el título
legalmente", apuntan fuentes policiales.
La causa por falsedad
documental, intrusismo profesional y estafa está siendo investigada por el
Juzgado de Instrucción número 4 de Málaga. Para evitar el colapso de esa sede
judicial y un futuro macrojuicio ingobernable, se está estudiando cada caso de forma
individual. Ya se han producido algunas sentencias por conformidad en juicios
rápidos. Otros imputados, con puesto de funcionario, han preferido seguir
apelando con la idea de que con el paso del tiempo su delito prescribirá.
Fuentes policiales afirman que la extinción del delito en estos casos no es
posible, ya que mientras permanezcan en el puesto gracias a un diploma falso se
mantiene la actividad ilegal. Casi todos los usuarios de los títulos falsos son
malagueños, aunque se han detectado títulos fraudulentos de esta academia en
otros lugares de España.
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