«Una
reflexión sobre las normas de permanencia de los alumnos universitarios
y un replanteamiento de los precios de las segundas y sucesivas
matrículas es más que conveniente en este momento», afirmó, esta
mañana en Madrid, Amparo Camarero, secretaria general de Universidades
del ministerio de Educación. La declaración la hizo durante la
presentación del informe «Universidades y Normativas de Permanencia.
Reflexiones para el futuro».
Consultada
por ABC, sobre si esa frase significaba subir el precio también de la
primera matrícula, Camarero evadió la pregunta y finalmente indicó que
era un aspecto que se estudia.
Tras
Bolonia, la conversión de las antiguas titulaciones en los nuevos
grados y másteres ha requerido del buen hacer de los equipos rectorales y
de toda la comunidad docente, personal de administración y servicios de
las universidades.
Aprovechar los recursos
«Sería
injusto que todo este esfuerzo no se acompañaran de un comportamiento
responsable dentro de la enseñanza por parte del alumnado de estos
centros», afirmó Camarero, y añadió: «En este sentido, la
exigencia de buenos resultados académicos no debe ser vista como una
medida encaminada a dificultad de acceso a los estudios superiores. La
lectura es otra bien distinta, pues se trata de aprovechar lo mejor
posible los recursos disponibles en estos momentos de dificultad
económica. Por ello, como no puede ser de otra manera, estos valiosos
bienes debemos ofrecerlos a quienes hagan un uso responsable y exigente
de los mismos, es decir, a los alumnos que tengan un buen rendimiento».
Camarero resaltó que «la
sociedad, y dentro de ella los estudiantes universitarios, deben ser
capaces de corresponder al esfuerzo de las administraciones, las
universidades y la comunidad educativa en su conjunto». Recordó
que la financiación pública para los centros en los que estudian supone
entre un 80 y un 85 por ciento del coste de los estudios, y «debe
encontrar una respuesta adecuada».
De ahí que «una
reflexión sobre las normas de permanencia de los alumnos y un
replanteamiento de los precios de las segundas y sucesivas matrículas es
más que conveniente en este momento».
Los
estudiantes tienen una serie de derechos, como que se le faciliten los
medios para su progreso y para su permanencia en las universidades.
«Pero no es menos cierto que también tienen una serie de obligaciones,
como es hacer un uso eficaz y eficiente de los recursos públicos que se
ponen a su disposición para obtener un título universitario», señaló.
En
la presentación del informe, además de Camarero, estuvieron presentes
Zulima Fernández, directora de la Agencia Nacional de Evaluación de la
Calidad y Acreditación (ANECA),
Amparo Camarero, secretaria general de Universidades del Ministerio
de Educación; Joaquín Moya-Angeler, presidente de la Conferencia de
Consejos Sociales, Jesús Irurre, presidente de la Comisión Académica de
los Consejos Sociales, y Laureano González, coordinador de Enseñanzas
e Instituciones de ANECA.
El
informe «Universidades y Normativas de Permanencia. Reflexiones para el
futuro» fue elaborado por ANECA en colaboración con la Conferencia de
Consejos Sociales de las Universidades Españolas (CCS). El estudio
refleja la conveniencia de establecer sistemas más precisos y detallados
que, aplicados con mayor flexibilidad para atender a situaciones
particulares, faciliten un mejor aprendizaje y un mayor aprovechamiento
de los recursos públicos.
Tras
analizar las distintas normativas vigentes, el informe predice que a
mayor requerimiento en el número de créditos y matrículas, mayor es el
rendimiento académico y la eficiencia de los recursos.
El estudio recomienda analizar el establecimiento de una mayor
concreción de aspectos como el agotamiento de convocatorias, créditos
mínimos a superar en el primer curso y posteriores, o fijar unos máximos
de matriculación. Todo ello, acompañado de una detallada relación de
elementos de flexibilidad para situaciones especiales, y de un
procedimiento claro y de
Fácil acceso para estudiantes
Según
el informe, el 42% de las normas no establecen agotamiento de
convocatoria si no se presenta a una evaluación, lo que suele provocar
un alargamiento del tiempo de finalización de los estudios, la mayor
parte solo establecen un número de créditos a superar en el primer curso
y ninguna limitación en la matriculación, lo que puede producir en una
sobre-matriculación y la no presentación a evaluaciones.
Los
datos recogidos en el análisis reflejan que el 84% de las normativas de
progreso y permanencia están adaptadas al Espacio Europeo de Educación
Superior, pero son muy heterogéneas y la mitad no diferencia la nueva
estructura educativa que establece este sistema: grados, máster y
doctorados. En el caso de los másteres además, las reglas son muy
homogéneas sin hacer distinción entre tipos ni complejidad.
Otros
aspectos básicos a tener en cuenta en el debate sobre la normativas de
permanencia, según el informe, son: regular la situación de los
estudiantes que han comenzado con la anterior ordenación universitaria,
disponer de reglas claras ante la movilidad de los alumnos y ante
estudios a tiempo parcial o con necesidades especiales.
http://www.abc.es/20120301/sociedad/abci-educacion-universidades-201203011410.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario